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El Gobierno ha propuesto a los operadores de televisión que renuncien a la mitad de sus canales para hacer más sostenible el sector audiovisual y al mismo tiempo evitarles el coste del cambio de frecuencias que debe producirse antes del 1 de enero de 2015. Este plan, diseñado por el Ministerio de Industria, afecta a todo tipo de cadenas: públicas, privadas, estatales y autonómicas.

Ante esta propuesta, el Ministerio de Industria se ha encontrado con una firme oposición por parte de los operadores de televisión, especialmente los privados. Esta iniciativa afectaría de pleno al proceso de fusión el que se encuentran inmersas Antena 3 y La Sexta, un matrimonio televisivo en el que cada una de las cadenas aporta cuatro frecuencias, repitiéndose de esta manera la unión que se produjo a finales de 2009 entre Telecinco y Cuatro, un grupo que dispone de ocho frecuencias.

Por otro lado,  los principales operadores se enfrentan a un nuevo apagón, ya que tienen que desalojar las frecuencias que ocupan actualmente y migrar a otra parte del espectro radioeléctrico con menor ancho de banda. La banda que ahora ocupan pasará a ser utilizada por las empresas de telecomunicaciones para desarrollar servicios de telefonía móvil. Este cambio tendrá un coste de 800 millones de euros, que según la ley de Economía Sostenible, serán sufragados con los ingresos obtenidos en las licitaciones públicas que se convoquen para asignar espectro radioeléctrico.

Tener un menor ancho de banda podría suponer un duro golpe a la recién Televisión Digital Terrestre y a las ventajas que ofrece este sistema como mejor calidad de imagen y sonido y pondría en peligro nuevos desarrollos tecnológicos como la alta definición y la emisión en 3D.

El Gobierno ha  afirmado que si las televisiones renuncian a la mitad de su espectro se ahorrarán los costes derivados de su reubicación.

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