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A partir del 8 de noviembre entrará en vigor la Ley de Conservación de Datos. Desde entonces los usuarios que compren tarjetas de telefonía móvil perderán su anonimato.

Esta ley se encuadra en una directiva europea de seguridad, motivada por los atentados terroristas. Pero las compañías no podrán cumplir con esta nueva norma, debido a que no poseen los medios técnicos para cumplirla.

Se exige a las operadoras que se confeccione un registro en el cual se deberá incluir los datos de este tipo de usuarios. Pero las compañías no saben como hacer el procedimiento, además de no contar con instrumentos técnicos y legales para cumplir con la normativa.

Existen alrededor de 20.000 puntos de venta de las tarjetas. A partir de la semana que viene deberán pedirle al cliente su nombre, dirección y número de teléfono. El problema se presenta en aquellos puntos de venta que no atienden directamente, mientras que tambien surge otra complicación con la recarga vía Internet.

Las compañías pretenden que se cree un reglamento antes del 8 de noviembre para que se llenen las lagunas de la ley. La ley también expone que todo va a quedar a cargo de las empresas, incluyendo la conservación de los nuevos datos; con gastos estimados de 5 millones de euros.

El mercado de las tarjetas prepago alcanza el 42%, siendo un porcentaje significativo.

Fuente: El Mundo